El Derecho Internacional establece que corresponde a cada Estado determinar por medio de su Derecho interno quiénes son sus nacionales. Es decir que corresponde de forma exclusiva a los Estados la competencia para regular la adquisición y pérdida de su nacionalidad. Esta afirmación ha sido refrendada por las Convenciones internacionales y la jurisprudencia internacional en la materia.
Sin embargo, el Derecho Internacional si establece ciertos límites a esta competencia
exclusiva de cada Estado:
1. Nadie podrá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad.
2. La adquisición de la nacionalidad a través de la naturalización de una persona en un
Estado siempre es voluntaria.
3. La nacionalidad implica la existencia de un ligamen real y efectivo entre el individuo y el
Estado.
4. Nadie podrá ser privado de su derecho a cambiar de nacionalidad.
5. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad en el nacimiento.
C) LA COMPETENCIA DEL ESTADO SOBRE SUS NACIONALES EN EL EXTRANJERO
El poder del Estado sobre sus nacionales se ejerce de forma plena dentro de su territorio. Sin embargo, cuando dichos nacionales se encuentran en el extranjero, el Estado no puede hacer ejecutar sus actos sobre los mismos sin el consentimiento del Estado donde estén. Por ejemplo, cuando una persona condenada en su Estado de origen huye al extranjero, la ejecución de la sentencia sobre dicha persona requerirá el consentimiento, y en su caso la colaboración, del Estado soberano del territorio donde se encuentre el condenado, para que pueda ser detenido y trasladado al Estado de origen.
En el marco de los procesos de integración regional que implican cesión de
soberanía por parte de los Estados pueden aparecer vínculos jurídicos entre un individuo y el conjunto de Estados comprometidos en tal proceso de integración que impliquen derechos propios de la nacionalidad, como es el caso de la ciudadanía europea en el ámbito de la Unión Europea.
